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Líderes de Soto Norte hablan de lo que les preocupa para su provincia

1 diciembre, 2020

El conflicto armado interno que afectó en décadas anteriores a millones de personas en el territorio nacional también golpeó a los habitantes de la provincia de Soto Norte. Grupos armados como las Farc, el Eln, el Epl y los paramilitares aterrorizaron durante años a los campesinos y mineros de la región.

El conflicto armado interno que afectó en décadas anteriores a millones de personas en el territorio nacional también golpeó a los habitantes de la provincia de Soto Norte. Grupos armados como las Farc, el Eln, el Epl y los paramilitares aterrorizaron durante años a los campesinos y mineros de la región.  

“No podíamos tener ni una motocicleta porque todo eran vacunas y extorsiones; llegaban a las minas a hacer extracciones ilegales y amenazaban a la gente” recuerda Eliana Guerrero, empresaria y exalcaldesa de California.

Según el Consejo Territorial por la Defensa de Soto Norte, integrado por más de 45 asociaciones de la región, su territorio está en medio de un debate político que no tiene en cuenta a los habitantes de la región y que los está dejando ante un peligro inminente en materia de seguridad, desplazamiento y desarrollo económico. En ese sentido, la falta de inversiones y proyectos con vigilancia estatal para la provincia son un riesgo inminente para que regrese la violencia. “A nosotros nos ha tocado salir solos de todas estas situaciones y habíamos descansado un poco de esa violencia, pero ahora quienes nos arrinconan son los ambientalistas y los antimineros”, enfatiza Juan Carlos Ferrer, emprendedor y líder social de Matanza. “Hemos pasado unos años de violencia muy fuertes, la reserva de oro que hay en la zona es muy grande, eso es un hecho, ese oro no se va a acabar, pero por esa misma razón tememos que pueda llegar gente armada con frentes delincuenciales y si no se aprueba la licencia del proyecto minero Soto Norte (Minesa) tampoco tenemos la garantía de que el Estado nos ponga pie de fuerza”, agrega Guerrero.

Lo tradicional vs. el turismo

Parte de la problemática se ha dado precisamente por las reservas de oro que hay en la zona, reservas que han sido explotadas artesanalmente por más de 400 años por los habitantes de Soto Norte, mineros en su mayoría, y que actualmente han tenido que dejar de hacer minería por el debate de afectación al medioambiente que se ha suscitado desde Bucaramanga y Bogotá.

Una de las alternativas que le han propuesto a los habitantes de Soto Norte (ver gráfico) es empezar a cambiar la minería por iniciativas turísticas, sin embargo esta propuesta no convence a la comunidad. Eliana Guerrero, cuya empresa se dedica al turismo, explica que esta actividad no reemplazaría a la minería ni siquiera en un 10 %. “Si no hay extracción minera, que también es un atractivo turístico del sector, no hay forma de que se mueva la economía, tendrían que pasar muchos años para que el turismo se convierta en un brazo económico”, advierte. Este argumento lo comparten los demás miembros del Consejo, quienes aseguran que Soto Norte no tiene la infraestructura suficiente para convertirse en un destino turístico con potencial. “Lo primero que se necesitaría es que haya buenas vías, y todas las vías de la provincia se convirtieron en elefantes blancos que dejaron sin terminar”, asegura Segundo Pinzón, líder social y presidente de Asojuntas de Charta.

Por su parte, Hernán Bautista, alcalde de Vetas, explica: “Para nosotros el turismo ha sido una alternativa muy buena, pero también tenemos restricciones porque hay un plan de manejo ambiental en el territorio, eso nos impide montar la infraestructura”.

Hay que decir que Vetas tiene una particularidad que hace que sea el municipio más afectado. La razón es que el 90 % de su territorio está dentro del páramo de Santurbán, esto significa que es un área protegida en donde no se puede hacer ni minería ni agricultura, tampoco infraestructura para el turismo. “Nos queda un 10 % de territorio que es en donde está el casco urbano y 600 hectáreas de títulos mineros, cómo va a proyectarse un municipio que ya no tiene territorio con usos múltiples para desarrollarse”, explica Bautista. El mandatario también resalta que no se trata de defender a una empresa minera, como Minesa, sino de salvaguardar una tradición. “Como vetanos estamos trabajando en la defensa de nuestra historia, es injusto que por irse en contra de un proyecto no les importe arrastrarse a un pueblo completo sin tener en cuenta a la comunidad”, argumenta. Para entender el problema al que está enfrentado el municipio, de 1.319 habitantes, hay que mencionar que el 80 % de la población de Vetas se dedica a la minería. Según Bautista, en este momento hay más de 400 personas que están “a la deriva, esperando una oportunidad de empleo o de formalización”, dice. Además, el Consejo asegura que de bajarse la línea de delimitación de Santurbán, proyecto que está en proceso (hasta el bosque alto andino) la comunidad se vería enfrentada a un desplazamiento forzoso. “Atentan contra nuestra estabilidad laboral, lo que pasaría es que arrasarían con toda una provincia en la que vivir dignamente no se ha podido”, puntualiza Pinzón.

Un debate de nunca acabar

Gran parte de los problemas expuestos por los líderes se enmarcan en la delimitación del páramo de Santurbán, que ha tenido en vilo a la población de Soto Norte por más de diez años. El proceso más reciente comenzó en el 2012 y culminó en el 2014 cuando se determinó que el límite más bajo de este ecosistema sería de 3.100 m. s. n. m. Sin embargo, la Corte Constitucional ordenó volver a hacer la delimitación argumentando que no hubo participación ni concertación con la ciudadanía. Actualmente, tres años después de la sentencia de este tribunal, Santurbán no tiene una nueva delimitación.

Lo que esto ha ocasionado, según explican miembros del Consejo, es que miles de campesinos y mineros estén hoy sin ningún sustento económico y que la región se haya quedado sin proyectos sostenibles que jalonen su desarrollo, pues por encima de los 3.100 m. s. n. m. no está permitida ninguna actividad. “La primera delimitación se hizo desconociendo las actividades de las que siempre hemos vivido, esta vez queremos que la socialización se haga con las comunidades, con los campesinos y los mineros de Soto Norte, que somos los que vamos a sufrir esa delimitación”, pide Ferrer. A esta situación se le suma la decisión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) de archivar el proceso de licenciamiento ambiental de Minesa, la empresa que busca desarrollar un proyecto, con alta tecnología, de explotación minera en la provincia. Esta noticia hizo que estas organizaciones se movilizaran pidiendo que el Gobierno dé garantías para que Minesa pueda avanzar con el proyecto. “El hecho de no querer dar esa licencia nos puso en una situación difícil, se pierden seguridad, salarios dignos, inversión focalizada, es como si fuera una retaliación en la que nos colocan contra la espada y la pared, pero por otra parte el Estado no hace ningún proyecto productivo aquí”, asegura Pinzón. Por ahora, la exigencia de la comunidad de Soto Norte es que sean escuchados sin estigmatización y sin intermediarios. “Nos dicen bandidos, vendidos, nos tratan mal y nosotros somos los que hemos vivido aquí por años, queremos proteger nuestro territorio”, agrega Pinzón. Resaltan que ha llegado el momento de que los mandatarios hagan algo por la provincia, porque, según ellos, solo los utilizan para ganar votos con el discurso de la defensa del páramo. “Esa es la bandera que ha agarrado la clase política santandereana y del país, no hay ningún político que esté defendiendo Soto Norte, nos han buscado cada cuatro años para que les demos los votos, pero no nos escuchan, ni nos ayudan”, afirma Juan Carlos Ferrer. Piden que las necesidades de la comunidad sean tenidas en cuenta y que todos los procesos que involucren a su territorio se hagan con socialización y concertación, aseguran que si la minería desaparece, Soto Norte también lo haría, y advierten que la minería, la agricultura y la protección del medioambiente se pueden hacer simultáneamente, como lo han hecho durante décadas.

Juan Carlos Ferrer Jaimes Emprendedor y líder social de Matanza:

“El Consejo se creó en vista de toda la situación que está viviendo nuestra provincia. Venimos siendo atacados por la clase política de Santander y del país, nos están satanizando por hacer minería ancestral y tradicional. El abandono que tiene el Estado hacia Soto Norte es grande, la inversión es muy poca; a raíz de todo eso decidimos consolidar este Consejo, porque nos hacen ver como si no fuéramos seres humanos y nosotros somos los que hemos cuidado el agua, generación tras generación. Ahora estamos arrinconados por los ‘ambientalistas’ y los antimineros”.

Hernán Bautista Moreno, alcalde de Vetas y comunicador social:

“Hoy somos uno de los municipios más seguros del país, pero si la delimitación de Santurbán no se adelanta de forma correcta corremos el riesgo de volver a esa época de violencia, la zona puede convertirse en un foco de delincuencia terrible, si el Gobierno deja a la deriva nuestros títulos mineros pueden estar llegando los grupos ilegales a apropiarse del territorio. Se están jugando el futuro de Vetas, el municipio no puede desaparecer, les pedimos que no nos desplacen, que no se dejen presionar y que la nueva delimitación se haga conforme lo dice la sentencia de la Corte”.

Eliana Guerrero, empresaria y exalcaldesa de California:

“Soy empresaria del sector turístico y mentiría si dijera que nos hemos desarrollado gracias al turismo, los visitantes que tenemos acá son muy pocos y realmente todo lo que mueve nuestra economía es la industria minera. Nosotros queremos ser los voceros de esta tierra, es que somos los primeros dolientes. A nosotros nos han juzgado desde afuera y dicen representarnos, pero lo que representan son conveniencias políticas, nosotros somos los que realmente vivimos en la zona y nos pusieron los ojos encima cuando vieron que una empresa grande quería invertir aquí”.

Segundo Pinzón,  líder social y presidente de Asojuntas de Charta:

“Nuestra consigna es ‘no a la delimitación más abajo, sí a la conservación’. Hay mucha presión de pseudoambientalistas y políticos que nos quieren desarraigar de la región, atentan contra nuestra estabilidad laboral, nos estigmatizan y nos señalan como los malos de este tema, esto nos ha llevado a organizarnos para decirles que Soto Norte merece respeto y que están atentando directamente contra la vida y contra los derechos fundamentales de nuestro territorio y la comunidad, necesitamos que haya inversión, vías, infraestructura y proyectos”.

Tomado de: El Tiempo

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