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El camino hacia la formalización de la pequeña minería en Colombia

1 octubre, 2020

La minería formal genera cerca de 350.000 empleos a lo largo de toda la cadena de exploración, producción y comercialización, que se caracterizan por su estabilidad y buena remuneración salarial. Adicionalmente, los encadenamientos productivos alrededor de la minería representan otra cantidad importante de puestos de trabajo y creación de empresas…

La minería formal genera cerca de 350.000 empleos a lo largo de toda la cadena de exploración, producción y comercialización, que se caracterizan por su estabilidad y buena remuneración salarial. Adicionalmente, los encadenamientos productivos alrededor de la minería representan otra cantidad importante de puestos de trabajo y creación de empresas locales. Según cifras del Banco Mundial, más de 100 millones de personas en el mundo derivan su sustento de la minería artesanal y a pequeña escala, mientras en Colombia, sin existir un censo completo y actualizado de la pequeña minería, algunos antecedentes de trámites ante la autoridad minera dan cuenta de más de 70.000 personas dedicadas a esta actividad, muchos de manera estacional al rumbo de los precios y en frentes de trabajo informal, de los cuales, una gran mayoría, se encuentran en condición de ilegalidad por no contar con el amparo de un título minero.

Sin que esto sea necesariamente cierto en territorio, en el Registro Único de Comercializadores (Rucom) aparecen inscritos 116.000 mineros de subsistencia, cuyo registro como barequeros ha sido muchas veces utilizado para comercializar irregularmente en pequeñas cantidades los minerales que han sido obtenidos en explotaciones ilícitas y utilizando maquinaria pesada, actividad responsable del 5 por ciento de la deforestación del país según UNODC.

Entender que muchos de los que desarrollan la actividad sin ostentar un título minero tienen una tradicionalidad en sus territorios y han migrado de una actividad artesanal a una mecanizada, hace que el reconocimiento por parte del Estado y de las compañías titulares de los derechos mineros deba enfrentar no solo un cambio de paradigma de la política pública sino de la manera como se relacionan los distintos actores de los territorios mineros. Sin embargo, la legalidad minera por sí sola ha demostrado no ser suficiente para la sostenibilidad en el tiempo de las actividades de pequeña minería y no es garantía de recuperación económica en época pos pandemia.


LAS HERRAMIENTAS EXISTEN



El país ha avanzado desde 2012 de un concepto fracasado de legalización (Ley 685 de 2001 y la 1382 de 2010) hacia uno más integral de formalización que ha conducido a la creación de figuras que permiten amparar los trabajos de los pequeños mineros bajo la titularidad, a partir del entendimiento de su realidad en las regiones. Los subcontratos de formalización creados en la Ley 1658 de 2013 han sido una apuesta interesante que permite la coexistencia de compañías de mediana y gran minería, muchas veces en fase de exploración, con comunidades mineras tradicionales con frentes de trabajo en explotación, que prosperan de manera armónica.

A la fecha existen 1.132 subcontratos autorizados por la Agencia Nacional de Minería (ANM), aunque aún con retos importantes en cuanto a asuntos de orden técnico, ambiental y administrativo porque de ese número tan solo 121 están inscritos en el registro minero nacional y solo 111 se encuentran activos. Empresas como Zijin-Continental Gold en Buriticá, AngloGold Ashanti y B2Gold en San Roque en Antioquia, Minas Paz del Río en Boyacá, Minesa en Sotonorte en Santander, entre otras, han visto las oportunidades de integración social y económica que ofrece esta figura. También en municipios carboníferos de Boyacá como Socha, Boavita y Sativasur los subcontratos de formalización se han convertido en una herramienta de entendimiento hacia la legalidad entre pequeños titulares mineros y mineros tradicionales.

Otra herramienta importante que ha marcado el camino de la legalidad como primer paso para alcanzar la formalidad han sido las Áreas de Reserva Especial de pequeña minería (ARE) que desde 2016 han tenido un gran impulso con fines de formalización. Un total de 116 ARE han sido declaradas a la fecha en todo el territorio nacional, muchas en cabeza de cooperativas que asocian un importante número de bocaminas y mineros, aunque el verdadero reto está en pasar de la declaratoria de área especial que ampara la legalidad del trabajo minero, al contrato especial de pequeña minería que inicia realmente su camino a la formalidad.

La cesión y la devolución de áreas para formalización son herramientas que a pesar de haber sido poco implementadas aún utilizan compañías productoras de oro como Mineros SA en El Bagre, Antioquia y forman parte de la nueva estrategia de formalización minera de Minas Paz del Río para garantizar el abastecimiento de carbón de sus acerías en Boyacá. No obstante, para que su uso pueda ser más extendido se requiere avanzar con la reglamentación operativa pendiente y la definición de las prórrogas de los contratos que se han ido venciendo. También los contratos de operación se han convertido en un vehículo que ha permitido a los titulares mineros organizar a quienes ejercían la actividad de manera ilegal en sus áreas, como ha sido el caso de Gran Colombia Gold en Segovia, Antioquia y Caldas Gold en Marmato Caldas.

A pesar de que el Plan Nacional de Desarrollo de 2019 revivió la posibilidad de alcanzar la legalidad por parte de quienes habían sido objeto de solicitud con base en el decreto 933 de 2013, el éxito de este vehículo va a depender no solo de la eficiencia de la ANM para tramitar las 1.100 solicitudes vigentes con área libre, sino también de la capacidad de esos mineros para cumplir con las exigencias técnicas y ambientales.


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En manos de la autoridad minera está un importante número de trámites por medio de las diferentes figuras creadas para apoyar la legalidad de las actividades de pequeña minería, que deben ser resueltos con celeridad y sentido diferencial. Una vez superado este paso, sigue el cuello de botella estructural de los trámites medioambientales en cabeza de las Corporaciones Autónomas Regionales, de cuya solución depende no solo el avance de la pequeña minería sino de la industria en general. Por último, existe un claro panorama de oportunidades de cara a la reactivación económica en varias regiones del país, teniendo como motor la formalización de la pequeña minería que no se sustenta solo en la legalidad sino también en todo un paquete de acompañamiento institucional, incentivos y tratamiento diferencial por varios años.

Por Carlos Andrés Cante Puentes, Exviceministro de Minas.





Tomado de: Semana

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