Congestión de procesos judiciales

5 de octubre de 2017

Mover todo el aparato judicial a responder tutelas en el mismo sentido, simplemente para tratar de hacer volumen, es una acción condenable.

Frente a la acción propuesta en Bucaramanga de recoger 10 mil tutelas y frenar el proyecto de Minería Bien Hecha que propone la compañía minera Minesa, consultamos a la abogada especialista en temas mineros y presidenta del Colegio de Abogados de Minas y Petróleos, Adriana Martínez Villegas, quien indicó que la tutela es una acción excepcional que tiene prevista la constitución y la ley para la protección inmediata de derechos fundamentales, que puedan estar siendo vulnerados por la acción o la omisión de una autoridad o un particular, sobre la cual no hay otro medio idóneo para evitar un daño irreparable.

En este sentido, si una actividad minera en particular está causando un tal impacto y ya se han agotado todas las instancias posibles, o se han puesto ya las quejas ante las autoridades competentes y estas no han hecho nada, tendría lugar una tutela para proteger derechos fundamentales como la vida o la salud, “pero en abstracto querer presentar una tutela para prohibir una actividad lícita, sin que se pueda probar que hay un derecho fundamental vulnerado y con un daño irreparable, no veo cómo podría progresar” afirma Martínez.

Adicionalmente, señala que la minería es una actividad constitucional y legalmente permitida por el Estado, pero no se puede pretender volverla ilegal a través de una acción de tutela, menos a partir de ‘tutelatones’ que buscan asociar a muchas personas con el mismo texto, lo cual considera condenable.

Mover todo el aparato judicial a responder tutelas en el mismo sentido, simplemente para tratar de hacer volumen, es una acción condenable, porque uno no puede congestionar el aparato judicial, que perfectamente puede estar abocado a otros temas de verdadera urgencia. Esto es abuso del derecho y hay personas que promueven recursos de este tipo, sin tener claras las consecuencias, porque se puede demandar la función pública del Estado sin tener un sustento claro”, señala la presidenta del Colegio de Abogados de Minas y Petróleos.

Compartir en

Dejar un comentario