Argumentos vs. saboteo

7 de noviembre de 2017

En las prácticas populares con fines jurídicos contra el proyecto Soto Norte que han sido de público conocimiento, siguen sin aparecer los argumentos técnicos soportados y el entendimiento tanto de la realidad socioeconómica de la provincia como de la vocación minera histórica de los municipios. Resulta evidente e incontrovertible que la comunidad santandereana está dividida frente a la manera de analizar, entender, promover y/o cuestionar el desarrollo de la minería.

Ante una propuesta legítima de una empresa que busca desarrollar un proyecto cumpliendo con todos los requisitos, cada día son más las manifestaciones públicas llamando al rigor técnico, a la objetividad y a evitar los falsos dilemas para evaluar el proyecto. La ciudadanía se está expresando a través de líderes sociales y políticos de Soto Norte y Bucaramanga, organizaciones comunales, universidades, fundaciones y gremios, entre otros. Además, también se destaca la renuncia de un miembro de la junta del Acueducto que no comparte la posición política del Alcalde que se opone al proyecto minero sin que el amb lo haya estudiado como corresponde.

La dirigencia pública, privada y social de la región debe insistir en que lo correcto es participar en un debate serio, argumentado y transparente de cara a la ciudadanía y a las instituciones del estado. A Santander no le conviene sabotear un proceso reglado, abusando de las formas jurídicas y haciendo acusaciones de corrupción sin fundamento.

El proyecto Soto Norte está siguiendo el debido proceso y su evaluación, técnica como corresponde, se adelanta a través de las instituciones que la norma determina para tal caso. De otorgarse la licencia a este proyecto de minería moderna, una vez se demuestre como también corresponde, que se puede realizar protegiendo el agua, cuidando el páramo, modernizando la minería tradicional y generando desarrollo económico y social para la provincia y la región entera, esos dirigentes y grupos que hoy se oponen deberían ser parte activa y constructiva del proceso de seguimiento a la buena ejecución del proyecto minero, buscando los mayores beneficios ambientales, sociales y económicos para la región.

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